martes, 15 de septiembre de 2015

Posicionamiento Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, implementación y seguimiento.

Panel “El papel del Estado mexicano y la sociedad civil en la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”
(Ciudad de Méxco, 11 de septiembre de 2015)


POSICIONAMIENTO DE ORGANIZACIONES Y REDES DE SOCIEDAD CIVIL

Las organizaciones y redes de sociedad civil que de manera articulada promovimos la participación y la incidencia en el proceso de integración y negociación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos hemos reunido con otras organizaciones y redes del país* para discutir los alcances, oportunidades y límites de esta Agenda, los escenarios posibles de cara a su implementación y seguimiento y las estrategias que de manera articulada queremos impulsar.

A continuación, presento de manera resumida nuestras expectativas y posiciones, así como algunas interrogantes para la fase que se aproxima:

La Agenda 2030, con sus luces y sombras, es al final de cuentas producto de un intenso proceso deliberativo en el que participaron los países no sólo a nivel de gobiernos, sino de una multiplicidad de actores sociales, que dentro de nuestra diversidad regional y temática, aportamos en la construcción de esta Agenda durante los últimos años.

La Agenda misma es un plan de acción para la gente, y no puede implementarse adecuadamente sin la gente. Tampoco podrá adquirir verdadero significado nacional ni legitimidad si una vez adoptada formalmente por los Jefes de Estado y de Gobierno en la Cumbre de la ONU no participa la sociedad civil. La implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 debería ser entonces un proceso que implique una agenda de diálogo y discusión con la población, con la sociedad civil y la academia, fundamental para generar no solo una política gubernamental sino del Estado.

martes, 9 de junio de 2015

Posicionamiento de la Red Incidencia Civil en la Educación en relación a decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender indefinidamente las evaluaciones a los maestros para determinar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo.

Posicionamiento de la Red Incidencia Civil en la Educación en relación a decisión de la Secretaría de Educación Pública de suspender indefinidamente las evaluaciones a los maestros para determinar su ingreso, promoción y permanencia en el sistema educativo.

La Red Nacional Incidencia Civil en la Educación (ICE), representante de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y de la Campaña Mundial por la Educación (CME) en México, expresa su rotundo rechazo a la decisión recientemente anunciada por la Secretaría de Educación Pública, en relación a la suspensión indefinida de la evaluación docente ya que violenta el Art. 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano y la Ley del Servicio Profesional Docente, desconociendo la reciente Reforma Educativa aprobada en nuestro país.

Si bien la Reforma Educativa, fue producto de un complejo y cuestionable proceso en el que no se incluyeron las diferentes posturas dando por resultado una reforma concentrada más en aspectos administrativos y laborales dejando de lado un abordaje sistémico e integral de la educación en nuestro país, son preocupantes los problemas que se están presentando en su implementación al grado de que se está gestando un escenario de conflictividad grave, la decisión tomada por el ejecutivo federal muestra una lucha de poderes que afecta la educación que queremos y violenta los preceptos jurídicos vigentes. 

Dentro de los aspectos positivos que podemos rescatar de la reforma es la relevancia que se le da a la evaluación como una herramienta central para garantizar una educación pertinente. La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEE, es en cierta forma una respuesta a esta necesidad y es fundamental que se respete su mandato y se pongan en práctica los procesos de evaluación que se vayan consensuando.

Por lo anterior exigimos al gobierno federal:
a. Que respete la legalidad y revoque la decisión anunciada por la SEP
b. Que retome la rectoría de la educación,  que cumpla y exija que se respete lo que marca la Constitución en su artículo tercero.
c. La  presentación inmediata del Modelo Educativo
d.  Dé a conocer los "nuevos elementos" que llevaron a la decisión de suspender la evaluación docente
e. Se respete la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

¡No sólo están en juego las políticas educativas, sino el cumplimiento al derecho a una educación de calidad de todas y todos¡
México, D.F, Junio del 2015.

lunes, 6 de abril de 2015

Comunicado Campaña Mundial de la Educación (Portugués)



HONDURAS: A CGE pede justiça para os quatro líderes estudantis assassinados por protestar contra horas de aulas tardias e falta de recursos Quatro estudantes - a mais nova de 13 anos - foram brutalmente assassinados em Comayaguela, nas Honduras, entre 24 e 25 de março de 2015. Todos tinham participado em protestos contra a falta de recursos e material pedagógico nas escolas, assim como contra a proposta de prolongamento de horas em sala de aula - o que significaria que as crianças sairiam da escola às 19h, uma hora perigosa no país com a mais alta taxa de homicídios do mundo.

A 24 de março foram assassinados dois rapazes e uma rapariga mal saíram do recinto escolar, em Comayaguela. Na manhã seguinte, o corpo de Soad Nicolle Ham Bustillo, de 13 anos, foi encontrado envolto num lençol, com sinais claros de tortura. Soad tinha sido filmada por um canal de notícias durante os protestos no início do mês, exigindo saber porque é que o presidente tinha enviado a polícia em vez de fazer obras de infraestrutura na escola. 

Honduras é um dos países mais pobres da América Latina, e é bem conhecido por ter a taxa de homicídios mais alta do mundo. Comayaguela é a cidade irmã de Tegucigalpa; em conjunto formam a capital das Honduras, apesar de em Comayaguela haver bairros de famílias de baixo rendimento e haver menos desenvolvimento do que na sua cidade-irmã. Mais de metade da população das Honduras vive na pobreza. Sem uma educação de qualidade vai continuar a ser uma luta para os hondurenhos conseguirem quebrar o ciclo da pobreza. Quase 10% das crianças em idade do ensino primário não frequentam a escola, e esta percentagem sobe acentuadamente para 23,5% nas crianças em idade do ensino inferior secundário (UIS). 

Protestos estudantis têm ocorrido ao longo dos últimos meses. Manifestações anteriores ocorreram na Universidade Nacional Autónoma das Honduras. Os relatos sobre a brutalidade como estas manifestações foram reprimidas incluem agressões policiais, o uso de bombas de gás lacrimogéneo e até mesmo ameaças de morte. Outros relatórios de organizações de direitos humanos nas Honduras declararam que dois outros estudantes foram abatidos em Comayaguela várias semanas antes destes últimos horríveis assassinatos. A repressão e assassínio de estudantes faz lembrar o desaparecimento forçado de 43 estudantes em Iguala, no México, em setembro de 2014, e pode indicar uma tendência preocupante na repressão de protestos sociais na América Latina. 

Qualquer Estado que permite que uma criança de apenas 13 ano seja alvo de tortura e assassínio por exprimir uma opinião política deve ser absolutamente condenado. A Campanha Global pela Educação está solidária com a coligação parceira, Foro Dacar Honduras, com os estudantes, professores e povo das Honduras, e apela a que se faça justiça para com as famílias dos estudantes assassinados. O povo das Honduras tem o direito de protestar contra as prejudiciais reformas propostas e as crianças das Honduras têm direito a um sistema de ensino público de qualidade que não ponha as suas vidas em risco. 

Para obter mais informações sobre a situação nas Honduras consulte o relatório Telesur.

lunes, 30 de marzo de 2015

Posicionamiento público: CLADE repudia el asesinato de estudiantes en Honduras

Posicionamiento publicado en el sitio web de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación el 27 de marzo del 2015

Posicionamiento público: CLADE repudia el asesinato de estudiantes en Honduras


La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expresa su más profundo repudio al brutal asesinato de cuatro estudiantes en Honduras, crímenes que tuvieron lugar en la capital, Tegucigalpa, desde el 24 de marzo de 2015. Es intolerable que hechos como este puedan tener lugar y demandamos una respuesta pronta y vigorosa de las autoridades del país para que se haga justicia y se castigue a los responsables, en el marco del respeto de los derechos humanos.

Expresamos nuestra más profunda solidaridad con el pueblo hondureño y en particular con los y las familiares y amigos/as de los/as jóvenes: Elvin Antonio López, 19 años; Darwin Josué Martínez, 22 años; Diana Yareli Montoya, 21 años y Soad Nicole Ham Bustillo, de 14 años. Estas/os estudiantes participaron en las protestas en contra del cambio de jornadas de los centros de educación media. Soad fue protagonista de un video en que se dirige al presidente del país, Juan Orlando Hernández, reclamándole que no modifique los horarios de clases.

El país presencia, desde hace dos semanas, una serie de movimientos callejeros y manifestaciones estudiantiles en contra de las políticas educativas vigentes y en particular el anuncio, por parte del Ministerio de Educación, del aumento de las jornadas escolares. Las y los estudiantes sostienen que, con ese aumento en el horario, jóvenes que frecuentan la jornada de la tarde saldrán de noche de los colegios, exponiéndose ante situaciones de violencia. Estas protestas, que son parte de la libre expresión en las sociedades democráticas, vienen siendo violentamente reprimidas.

Reforzamos nuestra preocupación por la situación de violencia y violaciones sistémicas a las que vienen siendo sometidas las y los estudiantes, docentes, comunidades educativas, defensoras y defensores de derechos humanos y el conjunto de la ciudadanía de Honduras y de otros países de América Latina y el Caribe.

La CLADE exige que se investigue, que se aplique la justicia para dar con los y las culpables, se los sancione y se reparen todas las violaciones. Es necesario y urgente el fortalecimiento de democracias en las que todas y todos tengan respetados y protegidos el conjunto de sus derechos humanos, y gocen de plenas condiciones para el ejercicio de su ciudadanía y de sus libertades fundamentales.

jueves, 12 de marzo de 2015

Red de telefonía barata irá a 3 estados más: la “rebelión” de pueblos indígenas se expande

Artículo publicado en Sin Embargo.mx por Shaila Rosagel el 12 de Marzo del 2015

Red de telefonía barata irá a 3 estados más: la “rebelión” de pueblos indígenas se expande


Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).– Ser pobre y vivir en la sierra dejó de ser un impedimento para acceder a la telefonía celular y a Internet. En la sierra de Oaxaca se materializó un sueño hace dos años que hoy se extiende a paso veloz entre las comunidades indígenas de la región.

Las poblaciones más marginadas de Oaxaca, pero también las de Veracruz, Puebla y Guerrero, abandonadas por el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim Helú, por no ser un negocio rentable, tienen la posibilidad de acceder a telefonía celular y a Internet por sus propios medios en un corto plazo.

Este año podrían crecer de 16 a 30 los pueblos beneficiados por el proyecto de la organización Rhizomatica, que nació en el pueblo de Villa Talea de Castro, Oaxaca, en 2013 y que se traduce en la construcción de una red comunitaria de telefonía.


“Ahora tenemos 16 comunidades beneficiadas, que abarcan alrededor de 2 mil usuarios conectados a la red. Estamos hablando de que queremos llegar a unos 10 mil usuarios y crecer a 30 comunidades este año”, dijo Peter Bloom, activista de Rhizomatica.

De acuerdo con Bloom, la concesión experimental que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel, ahora Ifetel) otorgó al proyecto que hizo posible llevar telefonía celular a 16 pueblos de Oaxaca, incluye a los estados de Veracruz, Puebla y Guerrero, donde las autoridades comunitarias han mostrado interés y se han acercado a Rhzomática.

Hace dos años Bloom explicó que en en México existen entre 30 y 85 mil comunidades sin acceso a la telefonía celular. “Depende a quien le preguntes te dan las cifras. Si le preguntas a Movistar, te dicen que 85 mil y si le preguntan a la SCT [Secretaría de Comunicaciones y Transportes], son 50 mil. Lo cierto es que es mucha gente que no tiene cobertura en este país”.

La Cofetel emitió un plan para reservar parte del espectro radioeléctrico para uso indígena y comunitaria bajo licencias sin fines de lucro hasta por 15 años.

Con este paso se crea un mecanismo para poder acceder al espectro y significa un triunfo de las organizaciones que desde hace años luchan para extender los beneficios de la comunicación a las comunidades más pobres y marginas del país.

“Tenemos un poblado donde el Presidente Municipal nos buscó, porque ni siquiera ahí tenían teléfono”, contó Bloom.

De acuerdo con el activista, no han encontrado hasta el momento una comunidad en donde no exista al menos una caseta telefónica para todo el pueblo.

Una bocina con una sola línea para una comunidad que si desea realizar una llamada al interior del país o al extranjero, les resulta costosa.

Por ellos surgió el proyecto de Villa Talea, que tuvo un costo de 9 mil dólares (unos 139 mil pesos), recurso que la población reunió para la compra del equipo: cableado, antenas, conectores y una computadora BSC.

Actualmente la población paga una membresía de 40 pesos al mes, con la posibilidad de pagar el minuto a celular a 82 centavos –cuando el costo promedio es de 2.73 pesos–, donde además pueden realizar llamadas de voz por la Internet.

A UNA LLAMADA DE DISTANCIA

El sistema de telefonía desarrollado por Rhizomatica funciona también para que personas de la tercera edad puedan encargar víveres y medicinas. Foto: Vimeo

Las personas de la tercera edad del pueblo de Villa Talea de Castro solicitan por teléfono sus víveres a domicilio, sin necesidad de caminar por las brechas y el terreno accidentado de la región. Los campesinos que se ausentan de la comunidad durante días, pueden hablar con su familia. Los pobladores llaman a sus parientes en Estados Unidos por solo 14 centavos el minuto y los padres de familia que antes pagaban a cinco pesos el minuto para hablar con sus hijos en la ciudad de Oaxaca, ahora pagan 50 centavos.

No sólo eso: el pueblo indígena ubicado a cinco kilómetros de la ciudad de Oaxaca en la Sierra Norte de la entidad ya no necesita caminar hasta dos horas o tomar transporte para llegar a la caseta de teléfono público donde el minuto se cobra hasta en 15 pesos y tampoco requiere de estar en una ciudad para tener señal en su dispositivo móvil. Ahora todo es más fácil.


“Ahora si hay una emergencia podemos llamar a la Clínica de Salud, los comercios están creciendo un poco, los jóvenes tienen un método de distracción sano y también se impulsa la cultura, pues durante el día la Radio Comunitaria Dizha Kieru, está mandando mensajes informativos a los teléfonos”, dijo Alejandro López, un joven poblador del lugar en 2013.

Alejandro contó a SinEmbargo que las compañías telefónicas les solicitaron 10 mil habitantes como mínimo para colocarles una red y la construcción de una carretera hacia el lugar donde instalarían su antena. Entonces el pueblo no pudo cumplir con ese requisito.

Después de Villa Talea vinieron 16 pueblos más donde, según Peter Bloom, hubo algún desarrollo económico gracias a las telecomunicaciones, pero sobre todo una aplicación directa a la educación.

Una de las principales conquistas del proyecto es que en un inicio la comunidad de Talea de Castro instaló una radiobase celular interna que opera en banda de 900 mHz de uso libre en México, es decir, una red privada que no requiere permiso o concesión; que se conecta a un proveedor de internet y que contrata con un operador VoIP las llamadas salientes.

Pero la banda no era idónea y es por ello que se solicitó a la Cofetel una concesión para experimentar el comportamiento de equipos en la banda de 850mHz, la cual fue otorgada en mayo de 2014.

Es decir, la frecuencia de Villa de Telea y las otras 16 comunidades convive con el Telcel, Movistar y el resto de las compañías de telefonía celular.

“Tenemos un cachito de la frecuencia donde están todas esas grandes compañías”, dijo.

Bloom explicó que hay varias autoridades comunitarias de Guerrero que se han puesto en contacto con la organización, interesadas en el proyecto.

“Se ponen en contacto con nosotros y empieza un proceso de cosas que se tienen que hacer, para aprobar el proyecto. Tenemos que ver asuntos técnicos, la Internet, la luz, dónde se realizará la instalación”, detalló.

La tendencia, indicó el activista con la Reforma de Telecomunicaciones aprobada, es que en todo el país, excepto el Distrito Federal, Hidalgo y Morelos, las poblaciones marginadas realicen sus propios proyectos de telecomunicaciones.


“Alguna organización sin fines de lucro y rural va a poder sacar una concesión social y utilizar las frecuencias. Se supone con la nueva regulación que van a tener la posibilidad, no sabemos exactamente cómo será el proceso. Esto es resultado de que poco a poco nos están escuchando, de que el status quo no está funcionando y de que están dejando a mucha gente fuera. Deben implementarse otro regímenes”, dijo.

El activista reconoció que no será un camino fácil, pues se deberán desarrollar modelos económicos, tecnológicos y sociales para evitar que la experiencia no fracase.

Recientemente, el diario británico The Economist publicó que las comunidades de la sierra de Oaxaca están encontrando algunas de las mismas dificultades que enfrentan los operadores de mayor envergadura, como cuando los clientes de la red comunitaria desean utilizar sus móviles en otra área. El mayor problema es que las redes locales no utilizan las tarjetas SIM para identificar a los usuarios que deben tener registrados sus teléfonos con el administrador de la red local.

Cuando un usuario está registrado con una SIM y visita otra comunidad, pueden también utilizar automáticamente la red local. Por ello, las estaciones de telefonía comunitaria están pensando introducir tarifas de itinerancia, que en la actualidad los usuarios no pagan.

LOS QUE NO CONOCIERON LA TELEFONÍA FIJA

Villa Talea de Castro puso en marcha su propio sistema de telefonía celular después de que las grandes compañías telefónicas –entre ellas Telcel, del multimillonario mexicano Slim Helú– se negaran a entrar en ese pueblo escondido en las montañas del sur de México. Foto: Vimeo

Ernesto Piedras, director General de The Competitive Intelligence Unit (CIU), una consultoría especializada en telecomunicaciones, opinó hace dos años, cuando se enteró del caso de Villa Talea, que el esfuerzo de la comunidad por acceder a una red de celular alternativa –después de que grandes compañías como Telcel se negaron a ofrecerles el servicio– era admirable, pero no debía ser la ruta a seguir.


“Pensar que una comunidad se llegue a movilizar me parece un caso admirable, pero extremo. Antes que se dé ese tipo de acción colectiva, yo esperaría ver una acción de política pública, que el gobierno les garantice a las comunidades el acceso a la conectividad no como un negocio, sino como algo social. Puede ser a través de subsidios o acuerdos con las compañías de telecomunicaciones”, dijo en esa ocasión.

Dos años después y al enterarse de que hay otros 16 pueblos más conectados a la telefonía celular y otros tantos en proceso, se sorprendió.


“Me sorprende de que hay cada vez más comunidades en estos procesos. No esperaría que fuera algo muy generalizado, porque realmente es un ejercicio muy complicado y el mercado lo puede hacer, pero si el mercado no lo hace, las comunidades tienen derecho a buscar por sus propios medios”, dijo.

Las poblaciones indicó, se enfrentan a servicios de baja calidad. En el caso de internet, no tienen acceso a banda ancha.

Pero reconoció, muchos de ellos nunca conocieron una línea de teléfono fija y saltaron a la telefonía celular, al convertirse en el acceso a la conectividad en una necesidad básica.

“Esa población se saltó una etapa: seis de cada 10 mexicanos viven en alguna condición de pobreza y de ellos, 75 por ciento usan un celular. Esto sucede con el celular en hogares que nunca tuvieron una línea fija”, explicó.

El consultor indicó que a pesar de ello, aún es necesaria la línea fija, debido a que sigue siendo el principal medio de acceso a la banda ancha.

“Lo ideal es tener ambas líneas. En total seis por ciento de la población en México está sin atención, es decir 7.2 millones de personas no tienen líneas porque no es negocio rentable para las empresas”, dijo.

Piedras detalló que en el país hay 105 millones de líneas de celular, que representan una penetración de 88%, la cual aún es baja comparada con otros países de Latinoamérica.

En Argentina por ejemplo, la penetración es de 160 por ciento y el promedio en Latinoamérica es del 130 por ciento.

México tiene una penetración en telefonía celular simular a la de Jamaica, Costa Rica, Cuba y Haití. La razón es sin duda, por la falta de competencia, anotó.

Sin embargo, los pueblos rezagados y marginados de México se ha revelado a vivir en un país que tiene el mismo nivel en cuanto a penetración celular que Haití, y han dicho: “¿Por qué no?”.


Extraído de Sinembargo.mx

miércoles, 11 de marzo de 2015

La Corte da amparo histórico a ONG y obliga a castigar el desvío de dinero en educación

Artículo publicado en Sin Embargo.mx el 11 de Marzo del 2015

La Corte da amparo histórico a ONG y obliga a castigar el desvío de dinero en educación



En 2010, la ASF determinó que 3 mil 149 millones de pesos del FAEB fueron destinados por los estados al pago de maestros comisionados en el SNTE. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió una sentencia histórica al resolver de manera favorable y por unanimidad un amparo a Mexicanos Primero, organización que reclamaba el desvío y aplicación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), destinados a la educación en los estados del país. Algunos de los beneficiarios son miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Los Ministros que concedieron el amparo fueron Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

El amparo se presentó contra la Auditoría Superior de la Federación (ASF) porque a pesar de que los informes de Resultados de la Cuenta Pública de 2009 y 2010 determinaron múltiples irregularidades, la propia ASF omitió fincar responsabilidades administrativas y penales en contra de los funcionarios públicos que ejercieron los recursos.

En 2010, la ASF determinó que 3 mil 149 millones de pesos del FAEB fueron destinados por los estados al pago de maestros comisionados del SNTE, mientras que mil 928 millones de pesos fueron desviados en 2009.

El amparo fue presentado bajo la figura de “interés legítimo” y al aceptarlo, las Organizaciones No Gubernamentales así como las agrupaciones de ciudadanos podrán promover amparos no sólo con el fin de proteger derechos sociales y colectivos, como la salud, la educación, la seguridad o el medio ambiente, sino también para combatir la corrupción.

A través de un comunicado, Mexicanos Primero dijo que con esta resolución la Suprema Corte “ha generado una importante vía para ello”.

“Es una decisión histórica y revolucionaria que abre la posibilidad a los ciudadanos de combatir la corrupción y exigir cuentas accediendo a recursos jurídicos como el amparo para combatir la opacidad y la corrupción en el manejo de nuestros impuestos”, dijo Luis Pérez de Acha, abogado promotor de los tres amparos.

“La concesión del amparo fortalece la transparencia en el manejo de los recursos federales al cuestionar el uso y destino del gasto público. Una de las preguntas centrales del recurso promovido es: ¿vale la pena pagar impuestos, si los mismos van a ser mal gastados?”, cuestionó la organización.

Finalmente, entre los pagos ilegales denunciados por la organización están:

* Pagos indebidos a trabajadores comisionados con goce de sueldo, por $1,216.8 millones.

* Pagos no vinculados con los objetivos del fondo por $986.6 millones.

* Pagos posteriores a la fecha de baja o durante las licencias sin goce de sueldo a empleados, por $200.9 millones.

* $191.3 millones de pesos, destinados para el pago de compensaciones a empleados comisionados.


LA PODREDUMBRE ES TAL, QUE COMPRA HASTA SOCIEDAD CIVIL: BUSCAGLIA

Artículo publicado en Sinembargo.mx por Juliana Fregoso el 11 de marzo del 2015

LA PODREDUMBRE ES TAL, QUE COMPRA HASTA SOCIEDAD CIVIL: BUSCAGLIA


Hablar de México hoy en día es referirse a un país con problemas de gobernabilidad, que aparece incluso en la lista de las cinco naciones donde es más barato hacer negocios ilícitos. Pero también es discutir sobre un Estado en el que la gran mayoría tiene sueldos raquíticos, mientras un puñado de funcionarios y políticos perciben ingresos equiparables a los de los principales empresarios suizos, pero con un desempeño similar al de una nación subdesarrollada como Sudán.

Con estas reflexiones, el experto en temas de seguridad, Edgardo Buscaglia, trató de definir en SinEmbargo el momento en el que se encuentra México, donde la corrupción, los conflictos de interés y una sociedad civil pujante, pero aún desorganizada y que en muchas ocasiones cede ante el dinero del gobierno, impiden que el país entre en un proceso que lleve a sus habitantes a mejores condiciones de vida e ingresos.

A juicio del experto, los controles patrimoniales y políticos son también dos temas que están pendientes en la agenda, pues en México pasar de “delincuente a político” se considera un juego de niños, lo que ha hecho del país uno de los más corruptos del planeta. Para las mafias, además, se ha convertido en el sitio donde más barato les resulta operar. A diferencia de los estados fallidos, dice Buscaglia, en México hay instituciones, pero el problema es que algunas, como el Instituto Nacional Electoral (INE), están más desprestigiadas que el propio Joaquín “El Chapo” Guzmán.


Edgardo Buscaglia afirma que en el país existen jueces y políticos con sueldos de países desarrollados, como Suiza, pero con un desempeño al nivel de Sudán. Foto: SinEmbargo especial

Ciudad de México, 11 de marzo (SinEmbargo).– La crisis de corrupción, inseguridad, violaciones a los derechos humanos y conflicto de interés no ha convertido a México en un Estado fallido, sino en un Estado “esquizofrénico” en el que funcionarios y jueces ganan salarios equiparables a los de importantes empresarios de Suiza, pero con resultados de naciones como Sudán. Así lo consideró Edgardo Buscaglia, director del International Law and Economic Development Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Entrevistado por SinEmbargo para analizar el momento en el que se encuentra el país, Buscaglia, quien de 1990 a la fecha ha trabajado como asesor de reformas judiciales, combate/prevención del delito organizado y corrupción en al menos 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente, aseguró que técnicamente México es un país con un “colapso de gobernabilidad” en el que las instituciones existen, pero se han visto corrompidas y rebasadas por la penetración del crimen organizado, la debilidad para establecer controles financieros y una sociedad civil que en cierta medida también “ha sido comprada” por el gobierno.

De acuerdo con información disponible sobre los sueldos de los funcionarios públicos en México, tan sólo un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) percibía el año pasado 316 mil 442 pesos, mientras que un magistrado del máximo tribunal estadounidense ganaba el equivalente a 280 mil 500 pesos. Mientras que para 2015, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la la Nación (SCJN) serán de entre 6 y 4 millones de pesos en el año.

A juicio de Buscaglia, la falta de controles también se extiende a los candidatos, pues ante la falta de mecanismos legítimos para elegirlos, para cualquier persona el pasar de criminal a político “es un juego de niños”.

LA SOCIEDAD CIVIL ADORMECIDA

–¿Qué tan grave considera que es la crisis actual en México?

–México está viviendo una crisis que desde hace varios años va empeorando. En un país promedio de América Latina, como hacen Bolivia, Argentina o Brasil, la sociedad civil ya se hubiera organizado y hubiera paralizado al país, porque no hay tanto dinero del gobierno hacia la sociedad civil para mantenerla adormecida. México tiene esa combinación de terror y flujos patrimoniales de corrupción hacia lo político y hacia la sociedad civil que son improcedentes en América Latina, lo que adormece a la sociedad civil.

–¿Esta situación agrava problemas como la corrupción y el Estado de Derecho?

–Las autoridades están tratando de resolverlo todo con detenciones gestionadas, mediáticas y están tratando de generar chispazos. Todo es mediático para esta gente. viven bajo la convicción de que la imagen que ellos venden a través de sus firmas consultoras determinan la realidad. Es una postura cínica la que tienen.

–Desde el tema “casa blanca” parece que hubo un divorcio entre los mexicanos y el gobierno, ¿esto se ha ido agravando?

–Los indicadores de gobernabilidad como el del Global Financial Integrity Report (Reporte Global de Integridad Financiera) ya colocan a México entre los países con mayores colapsos de gobernabilidad dentro de los estados medianamente funcionales y eso dice mucho. En México hay cantidades cuantiosas de dinero comprando a la sociedad civil continuamente, intentado reparar daños extrajudicialmente. Las víctimas acuden a la prensa para adquirir un alto perfil mediático y que no las puedan asesinar. En un país con tanto flujo de dinero donde tienes a los ministros de la Suprema Corte mejor pagados del planeta, ganando más de 50 mil dólares al mes, diputados y senadores ganando sueldos de empresarios poderosos europeos y sociedad civil de amigos recibiendo cifras cuantiosas, la sociedad no reacciona y no genera los cambios que queremos que se generen.

–¿Pero a quién se refiere a esa sociedad civil comprada: a las ONGs, las AC, los famososthink tanks…?

–Debo decir que hay brotes de sociedad civil en México muy valiosos que no sólo se limitan a Alejandro Solalinde: hay ciertos brotes que comparados hace 20 años dan esperanza de que se van a poder multiplicar, pero lamentablemente la corrupción y el terror mantiene a la sociedad civil fragmentada y las mafias políticas se aprovechan de esta fragmentación y se mantiene en el poder, sea cual sea la crisis. Estamos en un momento de inflexión en la historia mexicana, pero lamentablemente cuanto más dinero colocan los peñas nieto y los calderones para silenciar a la sociedad civil con contratos, con donaciones, la reparación de daños de manera extra judicial, como lo hizo Marcelo Ebrard Casaubón [el ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal] y Peña Nieto a través de la Procuraduría General de la República (PGR), para callar conciencias con dinero, más tardará en aterrizar ese punto de inflexión en transformarse en un proceso de reforma, como el que todos esperamos. Las reformas que requieren los mexicanos para cubrir sus vacíos de Estado y acabar con la impunidad de las mafias políticas debía aplicarse a través de organizaciones serias.

–Esa ha sido una lucha de años ¿qué tan fuerte es ahora la presión para aplicar esta transformación?

–Las resistencias para aplicar estas medidas son fuertes. Un ejemplo concreto: es obvio para cualquier persona que trabaja en países medianamente gobernables que la penetración de dinero sucio en campañas electorales o precampañas, donde un candidato promedio tiene aproximadamente el 90 por ciento de sus recursos financiados con recurso ilícitos, la solución pasa por tener una especie de auditorías de Estado y auditorías sociales, eso es algo que Brasil y Paraguay pusieron en práctica. Cuando yo expuse esto ante senadores y sociedad civil en México, los senadores se quedaron callados y la sociedad civil se dejó comprar para hacer análisis de declaraciones patrimoniales que es toda una simulación, porque no te van a llevar a desmantelar ningún tipo de flujo ilícito de las campañas electorales.

–Le vuelvo a insistir, ¿a qué sociedad civil es a la que se está comprando?

–La sociedad civil mexicana a través de contratos cuantiosos se deja comprar, algunos de buena fe, otros no, y eso está retrasando la implementación de acciones. Los recursos presupuestales públicos y privados destinados a comprar a la sociedad civil son hasta 30 veces mayores a los que yo veo en Argentina. Es difícil que esos movimientos de cambio se puedan fortalecer.

–Dice que México está entre los países con colapsos de gobernabilidad, ¿cuáles son los síntomas de que un país que está en ese momento?

–Uno es la impunidad. Hay más de un 98 por ciento de impunidad de todos los delitos que se generan anualmente. Las encuestas de victimología te dan una cantidad de los que llegan a una sentencia final condenatoria del menos del 2 por ciento. Es un país con un sistema judicial de Estado fallido, a pesar de que sus jueces están ganando salarios superiores a los de Suiza. Hay una esquizofrenia institucional, por un lado tienes a jueces que ganan más que los ministros suizos y por otro lado tienes un desempeño judicial igual al de Sudán. Es una situación clara de colapso.

Por otro lado están los controles patrimoniales, en donde los cabecillas del crimen de México se ubican en la oficina de control de activos extranjeros de la Oficina del Tesoro en Estados Unidos vinculados a redes criminales y en México están pagando impuestos y operando normalmente. Tienen un problema obsceno de controles patrimoniales qué sólo se explica a través de un pacto político de impunidad. Tienes un vacío de controles patrimoniales ilícitos que hace de México uno de las cinco economías más ilícitas del planeta.

–¿Qué otras características hacen de México un país con colapso de gobernabilidad?

–En un país donde existe la combinación venenosa de un vacío judicial y vacíos de control patrimonial y lo transforma un paraíso fiscal para la delincuencia organizada patrimonial. Se instala a través de inversiones y dinero sucio con más impunidad que en las Islas Caimán. México es un país de bajo costo para al delincuencia organizada.

El día que empiecen a combatir en serio a la delincuencia organizada se van a dar cuenta de que hay grupos de Brasil, Japón, de la India… operando en México, que mantienen un perfil más silencioso que “Los Zetas” y “Los Caballeros Templarios”, porque actúan de manera muy discreta y sólo se dedican a hacer sus negocios. Por otro lado está la corrupción político electoral donde existe un control de quien entra o no a las listas, elaboradas por los caciques de cada partido. Es un juego de niños para un delincuente transformarse en político de la noche a la mañana; este es un sistema de la listas cerradas que están elaboradas por chuchos, peñas nietos y con tres o cuatro personas que no están sujetos a ningún tipo de proceso y ahí tienes un vacío de controles electorales y no tengo nada que decir del INE [Instituto Nacional Electoral] que está más desprestigiado que “El Chapo” Guzmán.


En México ha sido imposible aterrizar una reforma ciudadana por la fragmentación de la sociedad civil, sostiene Buscaglia. Foto: SinEmbargo, especial

–El tema de la sociedad civil fragmentada, ¿también hace de México un país con problemas de gobernabilidad?

–México tiene asignaciones presupuestarias hacia la sociedad civil y es muy fácil entender por qué está fragmentada. Hay una vasta cantidad de sociedad civil que está comprada a través de contratos o proyectos, y si vas y les preguntas te van a decir que están haciendo algo, pero la cuestión es cómo acceden a esos recursos del gobierno. Por eso llama la atención que la sociedad civil esté tan adormecida. Hay organizaciones se ven muy bonitas desde papel pero hay mucha compra de voluntades. A veces se acercan a mí a pedirme consejos fuera de grabadoras porque saben que si se acercan a mí les quitan los contratos. Les pagan cifras que son de ciencia ficción. Cuando le cuento a sociedades civiles de Argentina, como las madres de la Plaza de Mayo, que en México se pagan 5 mil euros para dar conferencia, se quedan callados y piensan que es un chiste. Los movimientos de víctimas los fragmentan con dinero, eso que pasó en el News Divine –caso en el que fallecieron 12 personas durante un operativo policial en la capital del país en 2008– yo vi de cerca cómo a través de manera extrajudicial compraban a la gente, es un modus operandi de los gobiernos que de alguna manera neutralizan los controles de prevención social que es el cuarto punto de un país con problemas de gobernabilidad al que yo me quería referir.

–¿Cómo era esta entrega de recursos del News Divine?

–Hay un decreto de Marcelo Ebrard –el Jefe de Gobierno en aquella época– que le asigna a un funcionario que implementó el arreglo extrajudicial. Yo no quiero atacar ni al PRI [Partido Revolucionario Institucional] ni al PRD [Partido de la Revolución Democrática] porque sucede igualmente en la PGR con casos como los estudiantes de Iguala que han intentado comprar a los familias a través de una funcionaria de apellido Limón [Lía Limón, ex subsecretaria de Gobernación] que hacía eso. En el caso del News Divine yo estaba muy cercana a las familias. Lo que quiero decir es que cuando las víctimas no se pueden integrar a un movimiento eso te retasa el gran movimiento de prevención social que tuvimos en Italia, Colombia… que explica por qué esos países implementaron las mejores prácticas. En México hay controles judiciales retrasados y de prevención social retrasados.

–¿Cuál las diferencia entre un país con problemas de gobernabilidad y un estado fallido?


–Un país con problemas de gobernabilidad tiene instituciones funcionales. Tienes problemas de transparencia, de rendición de cuentas, pero tienes una policía operando; entonces hay gravísimos problemas, pero la institución mal o bien funciona. En temas de seguridad, el Estado mexicano es un Estado débil, con instituciones judiciales colapsadas o casi colapsadas, pero existen. Los jueces están cobrando sus salarios. México tienen un estado débil pero con presupuesto de países súper desarrollados. Un Estado fallido es cuando se producen vacíos de Estado. La institución desaparece, ya sea que se fragmenta como sucedió en Yugoslavia en los 90. México no es Estado fallido, pero tiene bolsones territoriales de Estado fallido como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, porque el Estado ya fue coptado por los grupos criminales. En el caso de Michoacán, el mismo Presidente Peña Nieto reconoció que era Estado fallido. Es un Estado esquizofrénico con pedazos de Suiza, Somalia y Sudán. En el tema de seguridad, que es donde hay más corrupción, desafíos a los estados ilícitos mexicanos. La delincuencia organizada se dedica a traficar bienes legales, como los productos farmacéuticos; se dedican a cientos de negocios que no han sido identificados y han sido una enorme caricatura.

–¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para recomponer el Estado mexicano?

–México salió después de más 70 años de un partido único de Estado y lo sociedad civil desarrolló los instintos. Había embajadores como [Jesús] Silva Herzog que el comprar voluntades lo llamaba “la diplomacia a la mexicana”. La sociedad mexicana no se deprendió de ese virus que sigue estando. Aunque no se consideren priistas, la sociedad civil mexicana sigue siendo priista en muchos sentidos porque siguen esperando que el Estado financie sus actividades, lo ve como una obligación. Eso retrasa el acabar con la cultura de impunidad.


Extraído de sinembargo.mx

martes, 10 de marzo de 2015

“El gobierno será responsable de estallidos sociales si aprueba Ley de Aguas”: Sánchez Camacho

Artículo publicado en Revolución Tres Punto Cero el 10 de marzo del 2015 por Alina Rosas Duarte

“El gobierno será responsable de estallidos sociales si aprueba Ley de Aguas”: Sánchez Camacho




(10 de marzo, 2015).- Cientos de inconformes con la Ley General de Aguas impulsada en la Cámara de Diputados y aplazada ante el disgusto popular, protestaron a las afueras de San Lázaro este martes; anunciando más movilizaciones hasta que la controversial Ley sea discutida con la participación de organizaciones sociales y sociedad civil.


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“El grupo en el gobierno será el responsable de estallidos sociales si es que la aprueban, no estaremos entumidos ni cruzados de brazos”, dijo al micrófono el perredista Alejandro Sánchez Camacho, quien advirtió que se trata de una de las leyes más graves que el régimen peñanietista ha impulsado, generando descontento de la población.


“No estamos de acuerdo con la privatización de nuestros bienes nacionales”, insistió, luego de enunciar la serie de reformas que han buscado, dijo, despojar a los mexicanos de sus recursos.

Por su parte la legisladora Aleida Alavez precisó que los opositores dentro de San Lázaro “no estamos haciendo un debate doloso, ni partiendo de la demagogia, sino que estamos partiendo de un análisis muy puntual”, además de advertir que esta ley “muestra el autoritarismo ramplón del priísmo”.


Tras las declaraciones del príista Manlio Fabio Beltrones, en las cuales acusó a quienes se oponen a la Ley General de Aguas “de lento aprendizaje”, la legisladora Socorro Ceseñas insistió en que quien había reprobado lectura comprensiva es el priísta.

“Los demagogos, los ineptos y los queno saben de lectura comprensiva son ellos, los priístas, los panistas y sus aliados”.


A través de una carta respaldada por más de 6 mil 200 firmas, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad indicó que la ley ahora en la congeladora legislativa, tiene un caracter privatizador al considerarla un bien económico y no un bien cultural y social, además de generar el desplazamiento de personas y desaparición de ríos pues trasladar el agua de una cuenca a otra es insustentable.

Así mismo, la comunidad científica indicó que en la nueva ley, la contaminación supone agregar cualquier sustancia física, química, biológica y otra, la iniciativa remite a un listado de contaminantes que constantemente estará desactualizado.


Por último, indicaron que la iniciativa restringe la posibilidad de que académicos y sociedad civil puedan emprender estudios sobre el agua en general, atentando contra la libertad de investigación, la producción de conocimiento, así como el derecho a la información.

Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

Artículo publicado en El Universal por Liliana Alcántara el 10 marzo del 2015

Tortura Generalizada: ONU; Falso revira SRE

La práctica de la tortura en México es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, afirmó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Juan Méndez, al presentar su informe anual 

En México, la práctica de la tortura es generalizada y la mayor parte de los casos están impunes, señaló el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),Juan Méndez.

Al presentar su informe anual de actividades en el marco de la sesión regular 28 del Consejo de Derechos Humanos, indicó que esa práctica ocurre desde la detención hasta que la persona es puesta a disposición de los ministerios públicos y se usa con fines de castigo o como parte de las investigaciones.

En respuesta al diagnóstico, el embajador Jorge Lomónaco, representante permanente de México ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, dijo que el gobierno mexicano está en desacuerdo con el hecho de que se utilice el término “generalizada” porque “no refleja la realidad”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, indicó que la Cancillería de nuestro país solicitó un reporte al relator sobre los casos que pudo documentar y sólo recibió 14 expedientes.

“Por eso decimos que no se puede usar esa aseveración cuando se limita a esos pocos casos. Una cosa es la retórica y otra la sustentación, y la verdad es que no se puede sostener ese calificativo”, reiteró.

Juan Méndez reportó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sus labores en el último año, durante el cual visitó, entre otros países, a México del 21 de abril al 2 de mayo de 2014. En su exposición dedicó un minuto para explicar el caso de México y reconoció las facilidades que recibió por parte del gobierno de nuestro país para realizar su trabajo, además aseguró que las autoridades trabajan en la materia.

En octubre de 2014, luego de visitar nuestro país, el relator dio un informe preliminar en el que expresó su preocupación por la impunidad en la materia y exhortó a las autoridades a indagar todos los casos sin premura, de forma imparcial e independiente.

Cinco meses después, en Ginebra, Suiza, entregó el reporte final a dicho órgano de la ONU en el que señala que la tortura es generalizada en México y observó también serios problemas en las condiciones de detención.

El informe. En el reporte indica que México atraviesa por una compleja situación de seguridad pública y que la delincuencia organizada es un desafío para las autoridades y la población.

Indicó que desde 2006 y bajo la denominada “guerra contra el narcotráfico” se han establecido medidas para regular la detención, investigación y combate a la delincuencia organizada, incluyendo el despliegue de fuerzas armadas que cumplen funciones de seguridad pública, llegando a 50 mil efectivos en 2012.

Citó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007, y reportó un máximo de 2 mil 20 quejas en 2011 y 2 mil 113 en 2012, comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007. Entre diciembre de 2012 y julio de 2014, la CNDH recibió mil 148 quejas por violaciones atribuibles a las Fuerzas Armadas.

Señaló que no existe un registro nacional y cada entidad tiene datos propios. “Muchos casos no se denuncian por temor a represalias o desconfianza y existe una tendencia a calificar actos de tortura o malos tratos como delitos de menor gravedad”.

El documento señala que las personas denuncian, generalmente, haber sido detenidas por personas vestidas de civil, a veces encapuchadas que conducen autos no identificados y no cuentan con una orden judicial ni informan los motivos del arresto.

Agregó que la detención va acompañada de golpes, insultos y amenazas, e incluso hay casos en los que las víctimas fallecieron a causa de las torturas.

No coincidimos. Al respecto, el embajador Lomónaco indicó que la visita del relator se inscribe en la política de apertura y cooperación que México ha mantenido con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Dicho compromiso parte de la convicción de que la prevención, combate y erradicación de la tortura son tareas prioritarias para la consolidación de una política de Estado en donde los derechos humanos se configuren como la base del desarrollo institucional”.

Comentó que el gobierno mexicano identifica los retos en la materia, pero no podemos compartir una aseveración en el sentido de que la tortura es una práctica generalizada en el país, ya que “no corresponde con la realidad ni refleja los enormes esfuerzos que ha desplegado mi país para consolidar en la ley y en la práctica”.

El diplomático consideró que en México se han establecido mecanismos para erradicar la tortura y se han establecido los protocolos para documentar y llevar los casos ante la justicia. El compromiso del gobierno es avanzar hacia una Ley General contra la Tortura, de tal manera “que decir que es una práctica generalizada no refleja los grandes esfuerzos que hemos hecho para mejorar el marco legislativo e institucional”, manifestó.

Desde mayo que concluyó su visita se le pidieron los casos que pudo documentar para darles seguimiento “y sólo nos ha presentado 14 casos”, dijo. Pese a ello, el gobierno mexicano seguirá cooperando con los organismos internacionales, mantendrá su apertura y dará seguimiento a las recomendaciones.

Al conocer el reporte, Amnistía Internacional (AI) pidió al gobierno que cumpla con todas y cada una de las recomendaciones que, desde octubre del año pasado, presentó el relator al adelantar parte del informe.

Plateó garantizar que los médicos forenses realicen exámenes inmediatos, imparciales y exhaustivos en los casos donde se alega tortura y que las autoridades acepten los informes de expertos independientes como prueba válida en casos judiciales.

Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Luis Miguel Barbosa, rechazó que la tortura en México sea un fenómeno generalizado. Aunque hay casos y problemas, no es práctica común. Agregó: “No es admisible”.


Artículo publicado en El Universal

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